En estos momentos, la política energética es uno de los principales problemas que afronta la economía española: tenemos que abordar una deuda con las compañías eléctricas que supera los 24.000 millones de euros y sigue creciendo, al tiempo que la industria española y los consumidores en general se ven abocados a soportar uno de los precios más caros de la electricidad en Europa, tal como se refleja en las estadísticas de Eurostat, incluidas en el reciente informe de la CNE.

La siderurgia es el principal consumidor industrial de electricidad, ya que ésta es un insumo básico en nuestro proceso productivo. El coste eléctrico, junto con el de las materias primas, es clave en la competitividad de nuestra industria: mientras que las materias primas están expuestas a precios fijados a nivel internacional, el coste eléctrico en España se establece a través de un mercado de naturaleza marginal, influenciado por decisiones administrativas, lo que afecta a la competitividad de nuestra industria, en particular si nos comparamos con nuestros principales competidores europeos.

Nuestra industria genera 102.800 puestos de trabajo y contribuye en un 4,6% al PIB industrial, siendo un sector netamente exportador (55% de nuestra producción en 2011), alcanzando el 3,9% de las exportaciones de bienes españoles. Por todo lo anterior, nuestro interés por la política energética es comprensible y nos gustaría contribuir al proceso abordado por el Gobierno para dar solución al problema del déficit de tarifa (costes regulados, primas a las renovables...).

Costes insostenibles

La cuantía del déficit tarifario se ha visto seriamente incrementada en los últimos años por la política de apoyo a las energías renovables, lo que nos ha abocado a una situación de costes insostenible que ha repercutido muy negativamente en la estabilidad regulatoria del sector. España ha liderado el desarrollo de las energías renovables en Europa garantizando un sistema de incentivos a la implantación de estas tecnologías mediante las cuales se reduce la dependencia energética nacional y se minimizan las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora bien, estas políticas de desarrollo no deberían financiarse a través de la factura eléctrica pagada por los consumidores domésticos e industriales, mermando la competitividad de estos últimos, especialmente cuando operan en mercados internacionales.

Con las políticas anteriormente mencionadas se ha incentivado el desarrollo de las energías renovables. El I+D+i es un pilar básico para garantizar el futuro de cualquier actividad industrial, como sucede en la siderurgia, pionera en ambiciosos proyectos de esta índole, financiados de forma privada y algunos de ellos impulsados mediante ayudas públicas, pero en ningún caso ni soportados directamente por el consumidor final, ni con las garantías de rentabilidad otorgadas a las energías renovables. Para garantizar su viabilidad, la industria necesita disponer de precios eléctricos competitivos y predecibles a largo plazo, situación que no se está produciendo en la actualidad con los continuos cambios regulatorios efectuados cada trimestre, así como con la fijación de precios a través del mercado marginal. El sistema marginalista de fijación de precios del mercado mayorista no permite a la industria la obtención de precios competitivos ni a corto ni a largo plazo, pero sí posibilita percibir a las unidades generadoras unas retribuciones en algunos casos muy superiores a sus costes reales de generación.

Competitividad de la industria

La gran industria es un consumidor de energía eléctrica en carga base, demandando energía las 24h del día y contribuyendo a aportar estabilidad al sistema eléctrico nacional, absorbiendo con su actividad parte del excedente de generación renovable que se produce en los periodos de menor demanda (noches y fines de semana). Por ello, una posible solución que garantice la competitividad futura de la gran industria sería la formalización de contratos bilaterales a largo plazo en condiciones competitivas.

La siderurgia es un consumidor eficiente y responsable, que optimiza su consumo energético. Utilizamos eficientemente la electricidad y colaboramos activamente en la gestión del sistema mediante la modulación de nuestra demanda y nuestro compromiso de interrumpibilidad inmediata, para garantizar el suministro al resto de los consumidores. El Gobierno ha adoptado desde su constitución diversas medidas de gran alcance que se encontraban "a la espera de tiempos mejores": ha abordado la extensión de la vida útil de las centrales nucleares, ha aprobado la instalación de un ATC para los residuos nucleares y ha resuelto implantar una moratoria en la entrada en funcionamiento de algunas energías renovables.

El Gobierno ha aprobado, recientemente, unas medidas urgentes encaminadas a resolver parte de los desequilibrios del sistema eléctrico español que impactarán en nuestra industria de una forma severa, como es el caso de la disminución de un 10% de la retribución del servicio de la interrumpibilidad. Adicionalmente, se contempla a la fecha de elaboración de este artículo, un incremento de los ATR´s en 2012 de un 6,5% para los grandes consumidores con respecto a diciembre 2011, que tendrá un impacto de subida en el precio final de la energía eléctrica entre el 2,4% y el 2,8%.

Entendemos que habría que buscar fórmulas que, abordando la solución al déficit tarifario, no deterioren la competitividad de un sector exportador e intensivo en energía eléctrica como es el caso de la siderurgia, por lo que las medidas que fueran necesarias implantar deberían tener en cuenta esta situación.

La I Semana Internacional de la Construcción aglutina a tres certámenes plenamente consolidados en sus respectivos sectores: Construtec, Salón Internacional de la Construcción; Veteco, Salón Internacional de la Ventana y el Cerramiento Acristalado, y Piedra, Feria Internacional de la Piedra Natural.

Para asistir a la Jornada, que es gratuita, es preciso rellenar el boletín de inscripción que se acompaña con el programa, así como acreditarse en el certamen para poder tener acceso a la sala.

Desde las 0:00 horas del pasado 18 de abril, se han registrado en la zona norte del Mar de Alborán hasta ocho movimientos sísmicos, uno de los cuales ha alcanzado una intensidad de 4,2 grados en la escala de Richter alertando a la población de la zona sur de la provincia de Almería, así como de la cercana costa granadina, con numerosas llamadas al servicio de emergencias 112 de Andalucía.

De acuerdo con la infomación facilitada por el Instituto Geográfico Nacional el epicentro estaría situado al norte del Mar de Alborán a unos 44 kilómetros de la costa almeriense y a una profundidad de unos tres kilómetros, por lo que puede calificarse como de superficial, razón por la que no sólo se ha sentido en localidades costeras como Motril, Adra, El Ejido, Roquetas de Mar, o la propia Almería, sino también en localidades interiores como Pechina y Benahadux.

Como se recordará, el pasado 25 de octubre las localidades almerienses de Cuevas de Almanzora y Zurgena registraron sendos terremotos de 3,7 y 3,8 grados de intensidad, respectivamente, que no causaron daños personales ni materiales pero que alertaron de forma especial a los habitantes de ambas localidades por la cercanía en el tiempo del terremoto de Lorca, acaecido apenas 5 meses antes, y los desprendimientos sucedidos en Cuevas de Almanzora 11 días antes y que se saldaron con la muerte de tres personas.

Los recursos totales asignados al Ministerio de Fomento son 20.104 millones de euros, un 8,2 % inferiores a los asignados en el año 2011 (- 1.896 millones de euros), de los que el 59 % (11.928 millones de euros) se dedican a inversión y el resto corresponden a gasto corriente, de personal, financiero y subvenciones.

En el capítulo de inversiones (capítulos 6, 7 y 8) los ferrocarriles se llevan la mitad de la inversión y las carreteras más de una cuarta parte.

Ferrocarril

Las prioridades en este capítulo pasan por completar la red de Alta Velocidad para garantizar unos servicios de transporte similares en todas las comunidades autónomas, incrementar la calidad del servicio de Cercanías y homogeneizar el tejido ferroviario, esto es, dar los primeros pasos para dotar a toda la red de ancho europeo.

Para ello, todas las inversiones de modernización de la red férrea convencional incluirán la traviesa polivalente, para facilitar su futura conversión al ancho europeo. Por otro lado, en aquellas líneas que sea necesario se instalarán tres carriles para que puedan circular tanto trenes convencionales como de alta velocidad.

A pesar de la cantidad de recursos destinados, la inversión en ferrocarril será este año un 26 % inferior a la del ejercicio anterior, distribuyéndose de la siguiente forma: Alta Velocidad 70,25 %, Cercanías 0,48 %, Red Convencional 6,16 %, Mantenimiento 14,41 %, Material Móvil 3,72 %, otros 4,98 %.

La inversión durante 2011 va a ser muy importante en tres corredores de la Línea de Alta Velocidad:

• Corredor Mediterráneo, con 1.342,26 M€.
• Corredor Noroeste, con 1.217,39 M€.
• Corredor Norte, con 1.080,45 M€.

Carreteras

El presupuesto para carretera se ha incrementado en un 7,8 % con relación al del año anterior, estando prevista la actuación sobre 1.300 km de la Red de Carreteras del Estado, así como la puesta en servicio de 215 nuevos kilómetros, de los cuales 170 km lo serán de autovías. La distribución prevista para la inversión es la siguiente:

• Construcción, 40 %.
• Conservación, 28 %
• Expropiaciones, 19 %
• Concesiones, 9 %
• Convenios con otras Administraciones, 4 %

La partida dedicada a conservación, 873 millones de euros, es evidentemente escasa para las necesidades que presenta la RCE, según puso de manifiesto en su informe anual la Asociación Española de la Carretera. De acuerdo con este informe, la inversión necesaria estaría en torno a  1.658 millones de euros, de los que el 95 % deberían dedicarse al refuerzo y rehabilitación de firmes, mientras que el 5% restante cubriría las partidas de señalización y seguridad.

Por otro lado, el Ministerio de Fomento señala en la información facilitada que la partida correspondiente a expropiaciones —nada menos que 600 millones de euros— está destinada al pago de obligaciones reconocidas entre 2007 y 2011, entre los que destacan Andalucía (185,05 M€), Cataluña (110,59 M€) y Galicia (100,11 M€).

Asimismo, los nuevos responsables han de asumir el pago de 250 M€ de obras ejecutadas en 2011 y pendientes de abono, así como otros 250 M€ correspondientes a liquidaciones de obras ya en servicio.

Aeropuertos

Las inversiones que acometerá AENA en aeropuertos y seguridad aérea ascienden a la cantidad de 1.025,8, un 17 % inferior a la del año anterior, e irán destinadas fundamentalmente a la ampliación y modernización de los sistemas aeroportuarios y de navegación aérea, destacando:

• La puesta en servicio de la segunda pista de vuelo del aeropuerto de Málaga.
• Pista de vuelo de A Coruña.
• Edificios teminales de Gran Canaria y Vigo.

Puertos

El presupuesto para obras portuarias y seguridad marítima ha descendido en un 30% en relación al ejercicio anterior, pero se van a mantener todas las obras que en estos momentos se encuentran en fase de ejecución en los puertos de A Coruña, Algeciras, Cádiz, Ibiza, Barcelona, Granadilla (Tenerife) y Valencia

Vivienda

En materia de vivienda se mantienen los programas y subvenciones asociados a las distintas líneas del Plan de vivienda (renta de emancipación, subsidiación del tipo de interés, ayuda a la entrada), por un importe de 576 M€, y se van a desarrollar nuevos convenios con las Comunidades Autónomas para incentivar el alquiler y la rehabilitación, para lo cual hay una partida prevista de 193 M€.

Plan Estratégico de Infraestructuras

Los Presupuestos Generales del Estado defienden la inversión en infraestructuras como una "prioridad del gasto público y un instrumento básico para dinamizar la economía, aumentar la productividad y vertebrar el territorio".

El texto recuerda que el Gobierno prevé presentar en el mes de julio un nuevo Plan Estratégico de Infraestructuras, Transportes y Vivienda (Pitvi), para programar las prioridades en la materia hasta 2024, así como la intención del Ejecutivo de abordar fórmulas de colaboración con el capital privado, para que las medidas de ajuste no tengan efectos negativos en las infraestructuras.

Año de edición: 2012 (2ª edición)

Número de páginas: 140

Idioma: Español

Autor: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

Edita: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

En el año 1997 se aprueba el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, transponiendo así al ordenamiento jurídico español la Directiva 92/57/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992.

Para hacer efectiva y facilitar su aplicación, el mencionado real decreto contemplaba, en su disposición final primera, que el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) elaborase, y mantuviese actualizada, una Guía técnica no vinculante, que se publicó en el año 2004.

Desde entonces se han aprobado diferentes disposiciones normativas que tienen una influencia directa en el sector de la construcción, lo que ha hecho precisa la revisión de esta Guía Técnica.

En su edición del año 2012 la Guía incorpora no sólo los nuevos aspectos legislativos, sino que mejora la interpretación de algunos de sus contenidos que estaban motivando una cierta dificultad a la hora de su correcta aplicación.

La nueva Guía revisadas se estructura, en líneas generales en tres partes diferenciadas. Una primera, de carácter esencialmente jurídico, que comprende el articulado y las disposiciones transitoria, derogatoria y finales. La segunda parte, de carácter eminentemente técnico, en la que se desarrollan los apartados incluidos en los anexos del real decreto. Por último, aquella información que se ha considerado excesivamente amplia para ser intercalada en el apartado correspondiente o para la cual es necesario un desarrollo técnico de mayor profundidad, se ha incluido, en forma de apéndice, en la parte final de la guía.

En la elaboración de esta Guía, el INSHT ha contado con la colaboración de la Dirección General de Empleo y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ambos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de la Fundación Laboral de la Construcción, del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo del Gobierno de Cantabria, del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Generalitat Valenciana y del Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales del Gobierno Vasco.

Tras esta primera parte, la Jornada abordará el comportamiento de las estructuras, la importancia de la ductilidad y los criterios de reparación que se han seguido.

El incremento de la producción en 2011 se suma a un aumento del 25% en el 2010, que siguió a la crisis económica de 2008/2009. En opinión del ISSF "la recuperación de la industria demuestra que un siglo después de su descubrimiento y su comercialización, el acero inoxidable todavía tiene un enorme potencial de desarrollo".

La producción en Asia representa actualmente el 66,5% de todo el acero inoxidable fabricado en el mundo. El papel fundamental lo juega China, que durante el 2011 ha alcanzado una producción de 12,6 millones de toneladas, lo que representa una subida del 11,9%  con relación al año anterior.

Corea (5,3%) e India (7,0%) han aumentado también su producción, mientras que ésta ha descendido en Japón (- 5,3%) o en la isla de Taiwán (- 20,6%).

Por su parte, la producción de inoxidable en la región Europa Occidental/África se mantuvo prácticamente estancada a lo largo del pasado año, con un volumen de algo menos de 7,9 millones de toneladas. Las tasas de crecimiento de los distintos países de la región oscilaron entre el -5% y el 18%.

En la región de Centro y Este de Europa, la producción aumentó un 14,1%, con 0,4 millones de toneladas, aunque el volumen es casi insignificante en el contexto mundial. En América, la producción de acero se elevó hasta los 2,5 millones de toneladas, un 4,7% más que en 2010. 

Fuente informativa: Metales & Metalurgia

Inversión en infraestructuras

El proyecto de presupuestos presentado por el Gobierno introduce un importante recorte en la inversión en infraestructuras, un 22%, sobre el ejercicio 2011 que ya de por sí acumulaba fuertes recortes en relación a años anteriores.

La inversión prevista, 11.387 millones de euros, supone tan sólo un 25% de la presupuestada en los años anteriores a la actual crisis económica, y buena parte de ésta cantidad viene ya comprometida de ejercicios anteriores, por lo que "la inversión real en obra nueva será prácticamente inexistente".

Conservación

La limitación del presupuesto asignado a la conservación y mantenimiento de las infraestructuras supone un grave riesgo desde el punto de vista de la seguridad y de su propia durabilidad. Por otra parte, la reducción de los Fondos de Cooperación Internacional al Desarrollo, a los que se destinan 683 millones, supone una bajada del 65,4% del presupuesto con respecto al año anterior, en el que se invirtieron 1.977 millones de euros, con lo que "se cierra así una de las posibles vías de trabajo para el sector de la Ingeniería".

Financiación

Se echan de menos iniciativas y proyectos justificables técnica y económicamente ante la Unión Europea, que permitan acceder a vías de financiación actualmente inaccesibles: proyectos orientados hacia el ámbito del medio ambiente, de eficiencia energética, de sostenibilidad, de huella de carbono y huella hídrica. Estos proyectos, en opinión de Ángel Zarabozo, Director General de Tecniberia, "deberían convertirse en palancas de recuperación empresarial y sectorial, reducir la factura anual por balance de emisiones y cumplimiento de los compromisos de Kyoto, y desde el punto de vista sectorial, cubrir progresivamente el hueco de las grandes infraestructuras que ya no se van a construir".

La Ingeniería y la tecnología españolas han alcanzado en las dos últimas décadas una excelencia en su desarrollo, que les ha permitido situarse en altas cotas de prestigio, y mantener una presencia internacional en más de noventa países. Una evolución y crecimiento que se están viendo seriamente amenazados, "por lo que resulta imprescindible realizar el esfuerzo necesario para evitar la descapitalización del sector, comprometido por la pérdida de puestos de trabajo y la desaparición progresiva de empresas", concluye Zarabozo.

Esta novedad se ha realizado para las colecciones correspondientes a las comunidades de Madrid, Andalucía, Aragón, Baleares y Cataluña. Cada colección está formada por cuatro libros que contiene una selección de 50.000 elementos constructivos de obra nueva y mantenimiento habituales en obras de edificación, urbanización, ingeniería civil y rehabilitación-restauración, en la que se incluyen datos de seguridad y salud, ensayos de control de calidad y gastos indirectos, extraídos todos ellos del Banco BEDEC del ITeC. Además, se incluyen en formato pdf 51 presupuestos tipo que recogen la práctica totalidad de los supuestos más habituales en este tipo de obras.

Cada libro contiene partidas de obra con su justificación de precios, pliegos de condiciones técnicas, datos medioambientales y las empresas asociadas con sus datos de contacto.

La Administración Central y las empresas de ingeniería han tenido la oportunidad de debatir sobre las actuaciones a llevar a cabo por parte de éstas últimas ante el impago de las Administraciones Públicas a los proveedores. El encuentro, organizado por Tecniberia y Garrigues Abogados, es el primero mantenido entre el sector de la Ingeniería y la Administración en materia de cumplimiento de pago de la deuda de las entidades autonómicas y locales a proveedores y las vías para solicitarlo a raíz de las últimas medidas tomadas por el Gobierno de España.

David Mellado, Secretario General Técnico del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha solicitado "comprensión ante una situación económica especialmente grave", que requiere afrontar la política de pago a proveedores de modo diferente al seguido hasta la fecha, mediante el que se establecían las denominadas líneas ICO que, según Mellado, "ha resultado ser un fracaso" ante la falta de control de la Administración Central sobre las entidades locales.

El Secretario General Técnico ha defendido el Decreto Ley 4/2012 puesto en marcha por el Gobierno para garantizar el pago a los acreedores en una operación financiera compleja que ha calificado como "la más importante de la Historia de España", y que tendrá que hacer frente a una deuda de 35.000 millones de euros de las Administraciones Públicas a proveedores, de la que 17.500 millones corresponden a las entidades locales.

Tras la intervención del Secretario General Técnico, Beatriz del Peso y Carlos Gómez, socios de Garrigues Abogados, presentaron las novedades legislativas ante el impago de contratos de las Administraciones Públicas y las implicaciones fiscales que conllevan estos casos, y analizaron los planes de pago a proveedores por parte de las Administraciones.

Durante el debate abierto tras las intervenciones el moderador de la mesa, Enrique Maza, expuso la difícil situación por la que atraviesan las empresas de Ingeniería en la actualidad, mostrando la preocupación del sector especialmente por la deuda no reconocida de las entidades locales y las formas de cobro de la misma a través del Decreto Ley 4/2012. Asimismo, ha recordado ante el representante de la Administración Central las palabras que el Secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, pronunció recientemente en la presentación del proyecto Madrid, Centro Mundial de Ingeniería, afirmando que las empresas "deben crear empleo y tener capacidad para ello" a través de la dinamización de la economía, para lo que proponía soluciones reales ante las dificultades del sector.