Esta novedad se ha realizado para las colecciones correspondientes a las comunidades de Madrid, Andalucía, Aragón, Baleares y Cataluña. Cada colección está formada por cuatro libros que contiene una selección de 50.000 elementos constructivos de obra nueva y mantenimiento habituales en obras de edificación, urbanización, ingeniería civil y rehabilitación-restauración, en la que se incluyen datos de seguridad y salud, ensayos de control de calidad y gastos indirectos, extraídos todos ellos del Banco BEDEC del ITeC. Además, se incluyen en formato pdf 51 presupuestos tipo que recogen la práctica totalidad de los supuestos más habituales en este tipo de obras.

Cada libro contiene partidas de obra con su justificación de precios, pliegos de condiciones técnicas, datos medioambientales y las empresas asociadas con sus datos de contacto.

Inversión en infraestructuras

El proyecto de presupuestos presentado por el Gobierno introduce un importante recorte en la inversión en infraestructuras, un 22%, sobre el ejercicio 2011 que ya de por sí acumulaba fuertes recortes en relación a años anteriores.

La inversión prevista, 11.387 millones de euros, supone tan sólo un 25% de la presupuestada en los años anteriores a la actual crisis económica, y buena parte de ésta cantidad viene ya comprometida de ejercicios anteriores, por lo que "la inversión real en obra nueva será prácticamente inexistente".

Conservación

La limitación del presupuesto asignado a la conservación y mantenimiento de las infraestructuras supone un grave riesgo desde el punto de vista de la seguridad y de su propia durabilidad. Por otra parte, la reducción de los Fondos de Cooperación Internacional al Desarrollo, a los que se destinan 683 millones, supone una bajada del 65,4% del presupuesto con respecto al año anterior, en el que se invirtieron 1.977 millones de euros, con lo que "se cierra así una de las posibles vías de trabajo para el sector de la Ingeniería".

Financiación

Se echan de menos iniciativas y proyectos justificables técnica y económicamente ante la Unión Europea, que permitan acceder a vías de financiación actualmente inaccesibles: proyectos orientados hacia el ámbito del medio ambiente, de eficiencia energética, de sostenibilidad, de huella de carbono y huella hídrica. Estos proyectos, en opinión de Ángel Zarabozo, Director General de Tecniberia, "deberían convertirse en palancas de recuperación empresarial y sectorial, reducir la factura anual por balance de emisiones y cumplimiento de los compromisos de Kyoto, y desde el punto de vista sectorial, cubrir progresivamente el hueco de las grandes infraestructuras que ya no se van a construir".

La Ingeniería y la tecnología españolas han alcanzado en las dos últimas décadas una excelencia en su desarrollo, que les ha permitido situarse en altas cotas de prestigio, y mantener una presencia internacional en más de noventa países. Una evolución y crecimiento que se están viendo seriamente amenazados, "por lo que resulta imprescindible realizar el esfuerzo necesario para evitar la descapitalización del sector, comprometido por la pérdida de puestos de trabajo y la desaparición progresiva de empresas", concluye Zarabozo.

Año de edición: 2012 (2ª edición)

Número de páginas: 140

Idioma: Español

Autor: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

Edita: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

En el año 1997 se aprueba el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, transponiendo así al ordenamiento jurídico español la Directiva 92/57/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992.

Para hacer efectiva y facilitar su aplicación, el mencionado real decreto contemplaba, en su disposición final primera, que el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) elaborase, y mantuviese actualizada, una Guía técnica no vinculante, que se publicó en el año 2004.

Desde entonces se han aprobado diferentes disposiciones normativas que tienen una influencia directa en el sector de la construcción, lo que ha hecho precisa la revisión de esta Guía Técnica.

En su edición del año 2012 la Guía incorpora no sólo los nuevos aspectos legislativos, sino que mejora la interpretación de algunos de sus contenidos que estaban motivando una cierta dificultad a la hora de su correcta aplicación.

La nueva Guía revisadas se estructura, en líneas generales en tres partes diferenciadas. Una primera, de carácter esencialmente jurídico, que comprende el articulado y las disposiciones transitoria, derogatoria y finales. La segunda parte, de carácter eminentemente técnico, en la que se desarrollan los apartados incluidos en los anexos del real decreto. Por último, aquella información que se ha considerado excesivamente amplia para ser intercalada en el apartado correspondiente o para la cual es necesario un desarrollo técnico de mayor profundidad, se ha incluido, en forma de apéndice, en la parte final de la guía.

En la elaboración de esta Guía, el INSHT ha contado con la colaboración de la Dirección General de Empleo y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ambos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de la Fundación Laboral de la Construcción, del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo del Gobierno de Cantabria, del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Generalitat Valenciana y del Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales del Gobierno Vasco.

En estos momentos, la política energética es uno de los principales problemas que afronta la economía española: tenemos que abordar una deuda con las compañías eléctricas que supera los 24.000 millones de euros y sigue creciendo, al tiempo que la industria española y los consumidores en general se ven abocados a soportar uno de los precios más caros de la electricidad en Europa, tal como se refleja en las estadísticas de Eurostat, incluidas en el reciente informe de la CNE.

La siderurgia es el principal consumidor industrial de electricidad, ya que ésta es un insumo básico en nuestro proceso productivo. El coste eléctrico, junto con el de las materias primas, es clave en la competitividad de nuestra industria: mientras que las materias primas están expuestas a precios fijados a nivel internacional, el coste eléctrico en España se establece a través de un mercado de naturaleza marginal, influenciado por decisiones administrativas, lo que afecta a la competitividad de nuestra industria, en particular si nos comparamos con nuestros principales competidores europeos.

Nuestra industria genera 102.800 puestos de trabajo y contribuye en un 4,6% al PIB industrial, siendo un sector netamente exportador (55% de nuestra producción en 2011), alcanzando el 3,9% de las exportaciones de bienes españoles. Por todo lo anterior, nuestro interés por la política energética es comprensible y nos gustaría contribuir al proceso abordado por el Gobierno para dar solución al problema del déficit de tarifa (costes regulados, primas a las renovables...).

Costes insostenibles

La cuantía del déficit tarifario se ha visto seriamente incrementada en los últimos años por la política de apoyo a las energías renovables, lo que nos ha abocado a una situación de costes insostenible que ha repercutido muy negativamente en la estabilidad regulatoria del sector. España ha liderado el desarrollo de las energías renovables en Europa garantizando un sistema de incentivos a la implantación de estas tecnologías mediante las cuales se reduce la dependencia energética nacional y se minimizan las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora bien, estas políticas de desarrollo no deberían financiarse a través de la factura eléctrica pagada por los consumidores domésticos e industriales, mermando la competitividad de estos últimos, especialmente cuando operan en mercados internacionales.

Con las políticas anteriormente mencionadas se ha incentivado el desarrollo de las energías renovables. El I+D+i es un pilar básico para garantizar el futuro de cualquier actividad industrial, como sucede en la siderurgia, pionera en ambiciosos proyectos de esta índole, financiados de forma privada y algunos de ellos impulsados mediante ayudas públicas, pero en ningún caso ni soportados directamente por el consumidor final, ni con las garantías de rentabilidad otorgadas a las energías renovables. Para garantizar su viabilidad, la industria necesita disponer de precios eléctricos competitivos y predecibles a largo plazo, situación que no se está produciendo en la actualidad con los continuos cambios regulatorios efectuados cada trimestre, así como con la fijación de precios a través del mercado marginal. El sistema marginalista de fijación de precios del mercado mayorista no permite a la industria la obtención de precios competitivos ni a corto ni a largo plazo, pero sí posibilita percibir a las unidades generadoras unas retribuciones en algunos casos muy superiores a sus costes reales de generación.

Competitividad de la industria

La gran industria es un consumidor de energía eléctrica en carga base, demandando energía las 24h del día y contribuyendo a aportar estabilidad al sistema eléctrico nacional, absorbiendo con su actividad parte del excedente de generación renovable que se produce en los periodos de menor demanda (noches y fines de semana). Por ello, una posible solución que garantice la competitividad futura de la gran industria sería la formalización de contratos bilaterales a largo plazo en condiciones competitivas.

La siderurgia es un consumidor eficiente y responsable, que optimiza su consumo energético. Utilizamos eficientemente la electricidad y colaboramos activamente en la gestión del sistema mediante la modulación de nuestra demanda y nuestro compromiso de interrumpibilidad inmediata, para garantizar el suministro al resto de los consumidores. El Gobierno ha adoptado desde su constitución diversas medidas de gran alcance que se encontraban "a la espera de tiempos mejores": ha abordado la extensión de la vida útil de las centrales nucleares, ha aprobado la instalación de un ATC para los residuos nucleares y ha resuelto implantar una moratoria en la entrada en funcionamiento de algunas energías renovables.

El Gobierno ha aprobado, recientemente, unas medidas urgentes encaminadas a resolver parte de los desequilibrios del sistema eléctrico español que impactarán en nuestra industria de una forma severa, como es el caso de la disminución de un 10% de la retribución del servicio de la interrumpibilidad. Adicionalmente, se contempla a la fecha de elaboración de este artículo, un incremento de los ATR´s en 2012 de un 6,5% para los grandes consumidores con respecto a diciembre 2011, que tendrá un impacto de subida en el precio final de la energía eléctrica entre el 2,4% y el 2,8%.

Entendemos que habría que buscar fórmulas que, abordando la solución al déficit tarifario, no deterioren la competitividad de un sector exportador e intensivo en energía eléctrica como es el caso de la siderurgia, por lo que las medidas que fueran necesarias implantar deberían tener en cuenta esta situación.

Desde las 0:00 horas del pasado 18 de abril, se han registrado en la zona norte del Mar de Alborán hasta ocho movimientos sísmicos, uno de los cuales ha alcanzado una intensidad de 4,2 grados en la escala de Richter alertando a la población de la zona sur de la provincia de Almería, así como de la cercana costa granadina, con numerosas llamadas al servicio de emergencias 112 de Andalucía.

De acuerdo con la infomación facilitada por el Instituto Geográfico Nacional el epicentro estaría situado al norte del Mar de Alborán a unos 44 kilómetros de la costa almeriense y a una profundidad de unos tres kilómetros, por lo que puede calificarse como de superficial, razón por la que no sólo se ha sentido en localidades costeras como Motril, Adra, El Ejido, Roquetas de Mar, o la propia Almería, sino también en localidades interiores como Pechina y Benahadux.

Como se recordará, el pasado 25 de octubre las localidades almerienses de Cuevas de Almanzora y Zurgena registraron sendos terremotos de 3,7 y 3,8 grados de intensidad, respectivamente, que no causaron daños personales ni materiales pero que alertaron de forma especial a los habitantes de ambas localidades por la cercanía en el tiempo del terremoto de Lorca, acaecido apenas 5 meses antes, y los desprendimientos sucedidos en Cuevas de Almanzora 11 días antes y que se saldaron con la muerte de tres personas.

Los recursos totales asignados al Ministerio de Fomento son 20.104 millones de euros, un 8,2 % inferiores a los asignados en el año 2011 (- 1.896 millones de euros), de los que el 59 % (11.928 millones de euros) se dedican a inversión y el resto corresponden a gasto corriente, de personal, financiero y subvenciones.

En el capítulo de inversiones (capítulos 6, 7 y 8) los ferrocarriles se llevan la mitad de la inversión y las carreteras más de una cuarta parte.

Ferrocarril

Las prioridades en este capítulo pasan por completar la red de Alta Velocidad para garantizar unos servicios de transporte similares en todas las comunidades autónomas, incrementar la calidad del servicio de Cercanías y homogeneizar el tejido ferroviario, esto es, dar los primeros pasos para dotar a toda la red de ancho europeo.

Para ello, todas las inversiones de modernización de la red férrea convencional incluirán la traviesa polivalente, para facilitar su futura conversión al ancho europeo. Por otro lado, en aquellas líneas que sea necesario se instalarán tres carriles para que puedan circular tanto trenes convencionales como de alta velocidad.

A pesar de la cantidad de recursos destinados, la inversión en ferrocarril será este año un 26 % inferior a la del ejercicio anterior, distribuyéndose de la siguiente forma: Alta Velocidad 70,25 %, Cercanías 0,48 %, Red Convencional 6,16 %, Mantenimiento 14,41 %, Material Móvil 3,72 %, otros 4,98 %.

La inversión durante 2011 va a ser muy importante en tres corredores de la Línea de Alta Velocidad:

• Corredor Mediterráneo, con 1.342,26 M€.
• Corredor Noroeste, con 1.217,39 M€.
• Corredor Norte, con 1.080,45 M€.

Carreteras

El presupuesto para carretera se ha incrementado en un 7,8 % con relación al del año anterior, estando prevista la actuación sobre 1.300 km de la Red de Carreteras del Estado, así como la puesta en servicio de 215 nuevos kilómetros, de los cuales 170 km lo serán de autovías. La distribución prevista para la inversión es la siguiente:

• Construcción, 40 %.
• Conservación, 28 %
• Expropiaciones, 19 %
• Concesiones, 9 %
• Convenios con otras Administraciones, 4 %

La partida dedicada a conservación, 873 millones de euros, es evidentemente escasa para las necesidades que presenta la RCE, según puso de manifiesto en su informe anual la Asociación Española de la Carretera. De acuerdo con este informe, la inversión necesaria estaría en torno a  1.658 millones de euros, de los que el 95 % deberían dedicarse al refuerzo y rehabilitación de firmes, mientras que el 5% restante cubriría las partidas de señalización y seguridad.

Por otro lado, el Ministerio de Fomento señala en la información facilitada que la partida correspondiente a expropiaciones —nada menos que 600 millones de euros— está destinada al pago de obligaciones reconocidas entre 2007 y 2011, entre los que destacan Andalucía (185,05 M€), Cataluña (110,59 M€) y Galicia (100,11 M€).

Asimismo, los nuevos responsables han de asumir el pago de 250 M€ de obras ejecutadas en 2011 y pendientes de abono, así como otros 250 M€ correspondientes a liquidaciones de obras ya en servicio.

Aeropuertos

Las inversiones que acometerá AENA en aeropuertos y seguridad aérea ascienden a la cantidad de 1.025,8, un 17 % inferior a la del año anterior, e irán destinadas fundamentalmente a la ampliación y modernización de los sistemas aeroportuarios y de navegación aérea, destacando:

• La puesta en servicio de la segunda pista de vuelo del aeropuerto de Málaga.
• Pista de vuelo de A Coruña.
• Edificios teminales de Gran Canaria y Vigo.

Puertos

El presupuesto para obras portuarias y seguridad marítima ha descendido en un 30% en relación al ejercicio anterior, pero se van a mantener todas las obras que en estos momentos se encuentran en fase de ejecución en los puertos de A Coruña, Algeciras, Cádiz, Ibiza, Barcelona, Granadilla (Tenerife) y Valencia

Vivienda

En materia de vivienda se mantienen los programas y subvenciones asociados a las distintas líneas del Plan de vivienda (renta de emancipación, subsidiación del tipo de interés, ayuda a la entrada), por un importe de 576 M€, y se van a desarrollar nuevos convenios con las Comunidades Autónomas para incentivar el alquiler y la rehabilitación, para lo cual hay una partida prevista de 193 M€.

Plan Estratégico de Infraestructuras

Los Presupuestos Generales del Estado defienden la inversión en infraestructuras como una "prioridad del gasto público y un instrumento básico para dinamizar la economía, aumentar la productividad y vertebrar el territorio".

El texto recuerda que el Gobierno prevé presentar en el mes de julio un nuevo Plan Estratégico de Infraestructuras, Transportes y Vivienda (Pitvi), para programar las prioridades en la materia hasta 2024, así como la intención del Ejecutivo de abordar fórmulas de colaboración con el capital privado, para que las medidas de ajuste no tengan efectos negativos en las infraestructuras.

El incremento de la producción en 2011 se suma a un aumento del 25% en el 2010, que siguió a la crisis económica de 2008/2009. En opinión del ISSF "la recuperación de la industria demuestra que un siglo después de su descubrimiento y su comercialización, el acero inoxidable todavía tiene un enorme potencial de desarrollo".

La producción en Asia representa actualmente el 66,5% de todo el acero inoxidable fabricado en el mundo. El papel fundamental lo juega China, que durante el 2011 ha alcanzado una producción de 12,6 millones de toneladas, lo que representa una subida del 11,9%  con relación al año anterior.

Corea (5,3%) e India (7,0%) han aumentado también su producción, mientras que ésta ha descendido en Japón (- 5,3%) o en la isla de Taiwán (- 20,6%).

Por su parte, la producción de inoxidable en la región Europa Occidental/África se mantuvo prácticamente estancada a lo largo del pasado año, con un volumen de algo menos de 7,9 millones de toneladas. Las tasas de crecimiento de los distintos países de la región oscilaron entre el -5% y el 18%.

En la región de Centro y Este de Europa, la producción aumentó un 14,1%, con 0,4 millones de toneladas, aunque el volumen es casi insignificante en el contexto mundial. En América, la producción de acero se elevó hasta los 2,5 millones de toneladas, un 4,7% más que en 2010. 

Fuente informativa: Metales & Metalurgia

La Administración Central y las empresas de ingeniería han tenido la oportunidad de debatir sobre las actuaciones a llevar a cabo por parte de éstas últimas ante el impago de las Administraciones Públicas a los proveedores. El encuentro, organizado por Tecniberia y Garrigues Abogados, es el primero mantenido entre el sector de la Ingeniería y la Administración en materia de cumplimiento de pago de la deuda de las entidades autonómicas y locales a proveedores y las vías para solicitarlo a raíz de las últimas medidas tomadas por el Gobierno de España.

David Mellado, Secretario General Técnico del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha solicitado "comprensión ante una situación económica especialmente grave", que requiere afrontar la política de pago a proveedores de modo diferente al seguido hasta la fecha, mediante el que se establecían las denominadas líneas ICO que, según Mellado, "ha resultado ser un fracaso" ante la falta de control de la Administración Central sobre las entidades locales.

El Secretario General Técnico ha defendido el Decreto Ley 4/2012 puesto en marcha por el Gobierno para garantizar el pago a los acreedores en una operación financiera compleja que ha calificado como "la más importante de la Historia de España", y que tendrá que hacer frente a una deuda de 35.000 millones de euros de las Administraciones Públicas a proveedores, de la que 17.500 millones corresponden a las entidades locales.

Tras la intervención del Secretario General Técnico, Beatriz del Peso y Carlos Gómez, socios de Garrigues Abogados, presentaron las novedades legislativas ante el impago de contratos de las Administraciones Públicas y las implicaciones fiscales que conllevan estos casos, y analizaron los planes de pago a proveedores por parte de las Administraciones.

Durante el debate abierto tras las intervenciones el moderador de la mesa, Enrique Maza, expuso la difícil situación por la que atraviesan las empresas de Ingeniería en la actualidad, mostrando la preocupación del sector especialmente por la deuda no reconocida de las entidades locales y las formas de cobro de la misma a través del Decreto Ley 4/2012. Asimismo, ha recordado ante el representante de la Administración Central las palabras que el Secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, pronunció recientemente en la presentación del proyecto Madrid, Centro Mundial de Ingeniería, afirmando que las empresas "deben crear empleo y tener capacidad para ello" a través de la dinamización de la economía, para lo que proponía soluciones reales ante las dificultades del sector.

El Código Técnico de la Edificación prevé, en su artículo 5.2.3 de la Parte I del CTE, que las marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de calidad voluntarios que faciliten el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE, puedan ser reconocidos por las Administraciones Públicas competentes, en este caso el Ministerio de Fomento.

Con la inscripción de la Marca N en el Registro General del CTE, el Ministerio de Fomento reconoce a los certificados de AENOR como una herramienta demostrativa de que los productos a los que acompaña cumplen las exigencias básicas establecidas para ellos por el CTE, incluyen características adicionales a las exigidas por el marcado CE y ofrecen mayores garantías de fiabilidad y calidad.

Este reconocimiento, con validez hasta el 31 de diciembre de 2013, se ha efectuado sobre 13 familias de productos de construcción, y supone una gran ventaja para ellos, puesto que su control de recepción en obra se podrá realizar mediante la comprobación de que ostentan la marca N de AENOR, sin necesidad de efectuar controles adicionales.

1. Materiales plásticos.

• Tubos de polietileno (PE) para aplicaciones de suministro de agua para consumo humano.
• Accesorios inyectados de poli(cloruro de vinilo) no plastificado utilizados para evacuación de aguas residuales (a baya y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios.
• Tubos multicapa para la conducción de agua fría y caliente a presión. Tubos de polímero/aluminio (AI)/polietileno resistente a la temperatura (PE-RT) y polietileno reticulado (PE-X).
• Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría.
• Sistemas de unión mecánica de canalización de tubería multicapa (PE-X) para instalaciones de agua fría y caliente.
• Tubos de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para conducción de agua a presión, evacuación de aguas residuales, saneamiento con o sin presión y evacuación estructurada.

2. Grifería sanitaria y valvulería (reguladores de chorro).

3. Transformados industriales de la madera y corcho: madera maciza, carpintería de huecos y recubrimientos y productos protectores de madera y corcho.

• Hojas de puertas de paso.
• Frentes de armario.

4. Productos para la seguridad contra incendios.

• Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios.
• Extintores portátiles.
• Hidrantes de columna y bajo tierra.
• Detectores de humo y de calor puntuales.
• Bocas de incendio equipadas (BIE).
• Racores de conexión para la lucha contra incendios.

5. Aparatos sanitarios.

6. Aislantes térmicos.

• Productos de poliestireno expandido (EPS) y extruido (XPS) para aplicaciones en la edificación.
• Productos de espuma elastomérica.
• Sistemas de espuma rígida de poliuretano para aplicación in situ por proyección.
• Bovedillas, casetones y elementos de poliestireno expandido (EPS) para forjados reticulares y unidireccionales hormigonados en obra.
• Productos de lana mineral (MW) para aplicaciones en la edificación.

7. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos.

8. Perfiles, barras y chapas de acero laminado en caliente para aplicaciones estructurales.

• Perfiles estructurales de acero laminados en caliente de uso general.
• Chapas de acero laminadas en caliente, de espesor mayor o igual a 3 mm para aplicaciones estructurales.
• Barras y perfiles comerciales de acero.

9. Ventanas, fachadas ligeras, puertas, personas y sus componentes.

• Sellantes para juntas y acristalamiento.
• Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal.
• Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro.

10. Productos de seguridad física y elementos de cierre.

11. Radiadores y convectores de calor.

12. Unidades de vidrio aislante.

13. Energía solar térmica.

 Hormigón estructural

Es importante destacar que en materia de hormigón estructural el CTE remite directamente a la Instrucción EHE-08. Por esta razón, entre los distintivos reconocidos e inscritos en el registro del Código Técnico de la Edificación no existe ninguno que haga referencia al hormigón, sus materiales componentes o los productos de acero para hormigón utilizados en las estructuras: aceros corrugados, aceros para armaduras activas, armaduras normalizadas y ferralla.

Para estos productos, con marca AENOR, son de aplicación los criterios establecidos por la EHE-08 y la Comisión Permanente del Hormigón para Distintivos de Calidad Oficialmente Reconocidos, esto es, disminución de los coeficientes de seguridad de los materiales, no obligatoriedad de que las direcciones facultativas giren visitas de inspección a las instalaciones, reducción o incluso exención de ensayos de recepción, etc.

En 2011 la Comisión Europea realizó una encuesta para conocer la importancia real de las Pymes en el tejido empresarial europeo. Los resultados hablan por sí mismo:

• En el periodo 2002 - 2010 las pequeñas y medianas empresas crearon el 85 % de los empleos netos nuevos de la Unión Europea, que como media se sitúan en 1,1 millones de puestos de trabajo.
• Las Pymes son responsables del 67 % del empleo total, frente al 33% atribuible a las grandes empresas.
• Entre las Pymes, las microempresas (menos de diez empleados), con un 58 %, son las que arrojan el mayor porcentaje de crecimiento neto total en materia de empleo en la economía empresarial.

En España, las Pymes tienen una menor dimensión que las europeas y su participación en las ventas y en el comercio internacional globales resulta inferior, aunque no el empleo que generan. Sobre estas evidencias, la importancia de desarrollar un marco adecuado para impulsar el desarrollo es innegable, hasta el punto de que, según señala CONFEMETAL, "será imposible recuperar la senda del crecimiento económico y la creación de empleo sin las pequeñas y medianas empresas".

Investigación aplicada

Para las Pymes —que, sólo en el Metal suponen el 87 % de las casi 140.000 empresas del Sector— es imprescindible que se fomente la cultura de la investigación, el desarrollo y la mejora continua en las empresas; que se difundan entre ellas mejores métodos de organización y de gestión, se fomente su participación en proyectos de I+D+i. Para CONFEMETAL, hay que acercar mas la investigación a la innovación y a su aplicación en la industria, fomentando la creación de empresas tecnológicas, reforzando la cooperación entre el sector público, la Universidad, los Institutos Tecnológicos y la industria y aumentando la capacidad de las Pymes de absorber nuevas tecnologías.

Cooperación empresarial

La propia idiosincrasia de las Pymes hace imprescindible que se apoyen decididamente los diferentes sistemas de cooperación empresarial, desde la fusión de empresas, hasta centrales de compras, participación conjunta en proyectos de innovación o distribución controlada, etc.

Mercado exterior

Su salida al exterior es fundamental en un mercado globalizado, por lo que para las Pymes es básico los recursos que la Administración pueda destinar a la promoción de sus productos en los mercados exteriores, y "las acciones de protección y control contra el dumping de terceros países y contra la entrada de productos que no cumplan las normativas técnicas y de calidad europea", añade la Confederación en su informe.

Formación continua

Cualquier proceso de mejora de la competitividad de las empresas pasa por una adecuada formación de sus cuadros técnicos y de trabajadores, por lo que es de vital importancia desarrollar políticas dirigidas a dignificar y prestigiar la formación profesional reglada, que atraiga a los jóvenes hacia los puestos de trabajo de calidad, de modo que la cualificación técnica, acorde a los progresos que se registran en la producción, facilite su incorporación al mundo laboral.

En este sentido, la formación continua cobra una especial importancia por su capacidad para adaptarse y evolucionar en un marco continuamente cambiante. Pero para CONFEMETAL es fundamental que se huya de todo intento de encorsetar la formación continua, "que debe tener un carácter eminentemente sectorial para ser verdaderamente útil a las empresas", pues se pone en grave peligro su eficiencia.

Dispersión de normas y falta de coordinación de las Administraciones

Por último, la Confederación advierte del enorme obstáculo que supone para el desarrollo de las Pymes la gran dispersión de normas, la poca coordinación existente entre Administraciones, y la rigidez existente en muchos aspectos empresariales, pues no son más que dificultades añadidas a su competitividad y a su adaptación a los cambios coyunturales y de mercado que se producen continuamente, "manteniendo cerrada la principal puerta de salida a de la crisis".

El contrato de suministro de 114.400 traviesas monobloque de hormigón para ancho internacional con sus correspondientes sujeciones le ha correspondido a la UTE compuesta por las compañías Travipos y Prefabricados Delta, por un importe de 10,1 millones de eruros.

Por su parte, ArcelorMittal España será la encargada de laminar y suministrar 8.300 toneladas de carril en barra elemental de 90 m, incluyendo el proceso para formar barras largas soldadas de 270 m de longitud, su transporte, acopio y descarga, por un importe de 8,39 millones de euros.

Financiación Europea

Las ayudas concedidas por la Unión Europea (UE) para la construcción de la LAV Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia ascienden a 1.952 millones de euros, correspondientes a Fondos de Cohesión, Fondos Feder, Fondos RTE-T y diveros Programas Operativos, a los que se añade la participación del Banco Europeo de Inversiones.

	Millones de euros
Apoyo  Comunitario 2000 - 2006
Fondo de Cohesión	574,1
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)	127,9
Fondos RTE-T (Red Transeuropea de Transporte)	48,2
Apoyo Comunitario 2007 - 2013
Fondo de Cohesión - FEDER	725,8
Programa Operativo Comunidad Valenciana	159,4
Programa Operativo Castilla La Mancha	249,0
Programa Operativo Región de Murcia	67,6
TOTAL	1.952

¹⁾ El balasto es una capa de material pétreo que se intercala entre la plataforma y las traviesas de la vía, distribuyendo de forma uniforme las cargas transmitidas por el paso de los trenes y garantizando la elasticidad de la vía. El tamaño, granulometría, forma y resistencia del balasto son fundamentales para mantener la geometría de la vía y la capacidad portante de la plataforma.

Producción anual (2011)

La producción total de acero bruto en España durante 2011 se situó en 15,5 millones de toneladas, un - 5,1% con relación al año anterior. La evolución anual se caracterizó por un pequeño repunte en el primer trimestre del año para iniciar un descenso continuado que mantiene su tendencia en los primeros meses del año 2012, donde se aprecia un descenso interanual del 7,9%.

Por calidades de acero, el descenso de producción se ha centrado en los aceros al carbono (13,97 millones de toneladas) con un - 5,8%, y en los aceros inoxidables (- 4,4%), mientras que los aceros aleados se han comportado positivamente con una producción de 726.000 toneladas, lo que supone un incremento del 10% con relación al año anterior.

En cuanto a los productos laminado en caliente, la peor parte se la llevan los planos con una evolución del -5,9% (4,8 millones de toneladas), mientras que en los largos se ha mantenido el volumen de producción de 2010 (10,2 millones de toneladas), gracias a la exportación.

En lo que respecta a la primera transformación del acero se han producido crecimientos gracias también a la exportación, como es el caso de los tubos sin soldadura (12,5%) y con soldadura (1,3%), o el fleje laminado en frío (2,4%).

Entregas y facturación

Las entregas de productos siderúrgicos durante el año 2011 experimentaron un descenso de 300.000 toneladas, lo que supone un - 2,3% con relación al año 2010.

Sin embargo, la subida de las materias primas ha empujado los precios al alza, con una subida media anual del orden del 10%, lo que ha compensado el descenso de toneladas vendidas y se ha traducido en una subida de la facturación de, aproximadamente, el 7,6% hasta situarse en el entorno de los 12.700 millones de euros.

Consumo aparente

El consumo aparente de productos siderúrgicos se ha mantenido en España en 13,1 millones de toneladas, observándose un ligero descenso de los productos terminados (- 1,7% en largos y - 1% en planos) y una evolución positiva en los productos semiterminados.

Comercio exterior

A pesar de la debilidad de la demanda nacional las importaciones de productos siderúrgicos y de primera transformación ha alcanzado los 8,9 millones de toneladas, lo que supone un crecimiento del 2,1%  en relación a 2010. Aunque su procedencia es mayoritariamente de la Unión Europea, se ha observado un espectacular crecimiento de las importaciones de terceros países (20,1%), que se ha situado en una cifra de 2,1 millones de toneladas.

Las exportaciones también han aumentado en un 1,9% hasta situarse en 9,9 millones de toneladas, con un saldo positivo de la balanza comercial de 1.429 millones de euros, que supera en un 4,8% al año 2010. Las exportaciones a la Unión Europea se han resentido como consecuencia del freno de la economía comunitaria, que se ha dejado sentir especialmente en el cuarto trimestre de 2011, mientras que han mejorado las exportaciones a terceros países, sobre todo en aquellos momentos en que ha mejorado el tipo de cambio y se ha situado en el entorno de 1,3 euros por dólar.

El proyecto más importante es la línea Madrid-Galicia, al que se unen diversas actuaciones en las líneas Madrid-Barcelona-Frontera Francesa y Madrid-Región de Murcia.

LAV MADRID-GALICIA

Inversiones por un valor ligeramente superior a los 700 millones de euros impulsarán la construcción de la línea de alta velocidad que permitirá la conexión de Madrid y Galicia. Más de la mitad de esta cantidad, 379 millones de euros, se han adjudicado mediante la fórmula de la Colaboración Público Privada (CPP), una de las fórmulas de financiación que está impulsando en estos momentos el Gobierno.

Colaboración Público Privada

El tramo Olmedo-Pedralba de la Pradería, entre las provincias de Valladolid y Zamora, tendrá dos importantes actuaciones contratadas con el formato CPP:

• El montaje de vía y mantenimiento del tramo, adjudicado por un importe de 198 millones de euros al consorcio formado por Ferrovial-Agromán, Tecsa, Vías y Construcciones, Iberovías y Confesa.
• Instalaciones de energía y su mantenimiento en el mismo tramo, por un importe de 181 millones de euros al consorcio formado por Elecnor, Cobra, SEMI, Electren, Balfour Beatty Rail Ibérica y CYMI.

En ambas, los adjudicatarios asumen el mantenimiento durante un periodo de 25 años a contar desde la puesta en servicio de la infraestructura.

Para la ejecución de ambos contratos se constituirán sendas Sociedades de Propósito Específico (SPE) participadas por Adif (10%) y las empresas adjudicatarias (90%), que recibirán el 40% de la inversión durante la ejecución de las obras, y el 60% restante durante su fase de explotación.

En el proceso de adjudicación se recibieron ofertas por parte de siete consorcios empresariales, lo que pone de manifiesto el interés del sector privado por la fórmula de la CPP, y respalda este sistema de cooperación con las administraciones para el desarrollo y modernización de las infraestructuras y los servicios públicos de interés estratégico.

Obras de plataforma

En la provincia de Orense se van a invertir 316 millones de euros en las obras de infraestructura (movimiento de tierras, drenaje, estructuras, etc.) de tres subtramos, que representan una nueva plataforma ferroviaria de 28,3 km:

• Subtramo Cerdedelo-Prado, que comprende la construcción de un túnel (vía izquierda) de 8,9 km de longitud, cuya ejecución requerirá un plazo de 33 meses y una inversión de 104,5 millones de euros (UTE Coprosa-Rubau-Insersa).
• Túnel de El Corno (vía derecha), que complementa al anterior en una longitud similar (8,8 km), con una inversión de 88,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 36 meses (UTE Corsán-Corviam y Tabeada-Ramos).
• Subtramo Prado-Porto, que incluye la ejecución de dos túneles de 7,6 y 1,2 km de longitud respectivamente, y el viaducto de Portela de 202 m de longitud en la vía izquierda y 246 m en la derecha, con una duración prevista de los trabajos de 34 meses y una inversión de 123 millones de euros (UTE Vías y Construcciones-Torrescámara-Vimac).

LAV MADRID-BARCELONA-FRONTERA FRANCESA

Las inversiones aprobadas se efectuarán en Gerona y Barcelona por importe de 37 y 13 millones de euros respectivamente.

Estación de Gerona

En Gerona se va a acometer la primera fase de la nueva estación, dotada de unas instalaciones que darán plenas garantías de accesibilidad, seguridad, confort y servicios de atención a los clientes del ferrocarril y a los ciudadanos.

Las actuaciones contemplan la ejecución de un edificio de accesos a los andenes de alta velocidad, así como el acabado interior y la dotación de instalaciones y equipamientos para los diferentes espacios destinados a usos específicos.

Montaje de vía entre La Sagrera y Mollet del Vallés

El proyecto comprende el montaje en doble vía en una longitud de 12,7 km, con origen en la ciudad de Barcelona —pasado el puente de Bac de Roda, en el sector La Sagrera— y final en Mollet del Vallès, antes de alcanzar el nudo ferroviario situado en este término municipal, donde conecta con el proyecto de montaje de vía en el tramo Mollet-La Roca.

De la longitud total del tramo, prácticamente la mitad (6 km) se montará con vía en placa, por transcurrir por los túneles de Sant Andreu y Montcada i Reixac evitando así la transmisión de vibraciones a las edificaciones cercanas. En el resto del trayecto, el montaje se realizará sobre balasto.

LAV MADRID-CASTILLA LA MANCHA-COMUNIDAD VALENCIANA-REGIÓN DE MURCIA

En esta línea se han aprobado dos actuaciones que respaldan la llegada de la alta velocidad a Alicante:

• Montaje de vía entre Almansa (Albacete) y la Encina (Alicante), por un importe de 11 millones de euros, con una longitud de 34,3 kilómetros en los que se encuentran tres viaductos y un puesto de adelantamiento y estacionamiento de trenes.
• Protección acústica en el tramo Caudete-Alicante, por importe de 25,5 millones de euros.

La protección acústica implica la instalación de 14,4 km de pantallas metálicas o de hormigón, con una superficie total de 46.000 metros cuadrados.

Entre los elementos más sobresalientes de estas instalaciones destacan las pantallas de hormigón de 7,5 m de altura que, a lo largo de 110 m de longitud, protegerán la ermita de San Bartolomé, en el término municipal de Villena.

Asimismo, se instalarán 500 m de pantallas de 6,5 m de altura en una zona de un conjunto de viviendas de especial sensibilidad situadas en el término municipal de Novelda, conforme a lo establecido en la Declaración de Impacto Ambiental de la LAV.

FINANCIACIÓN EUROPEA

Todas estas actuaciones cuentan con financiación europea y con la participación del Banco Europeo de Inversiones.

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) incluye los siguientes programas:

• Programa Operativo de Galicia 2007-2013, con una ayuda de 201,2 millones de euros.
• Programa Operativo de la Comunidad Valenciana 2007-2013, con una ayuda de 159,4 millones de euros para la cofinanciación de la plataforma del tramo Elche-Límite Región de Murcia, y el montaje de vía e instalaciones en el tramo Játiva-Valencia.
• Programa Operativo de Castilla La Mancha 2007-2013, por un importe de 249 millones de euros.
• Programa Operativo de Murcia, con un importe de 67,6 millones de euros.

Los Fondos de Cohesión también han cofinanciado las actuaciones de:

• Plataforma Madrid-Barcelona, suministro y montaje de vía entre Madrid-Villafranca del Penedés, y la electrificación, señalización y comunicaciones del tramo Madrid-Lérida, por un importe de 3.358,1 millones de euros.
• LAV Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia, 574,1 millones de euros en el periodo 2000-2006 y otros 725,8 millones en el periodo 2007-2013.

Las ayudas RTE-T (Redes Transeuropeas de Transporte) han supuesto también una gran ayuda:

• 70,9 millones para estudios, proyectos y obras en el tramo Maçanet-Sils de la LAV Madrid-Barcelona-Frontera Francesa.
• 10,6 millones de euros para la implementación del Sistema de Gestión de Tráfico Ferroviario Europeo (ERTMS) en el tramo Barcelona-Figueras.
• 48,2 millones de euros para la LAV Madrid-Región de Murcia.

El Ministerio de Fomento ha adjudicado al consorcio formado por las empresas Cintra, Acciona y el fondo Meridiam Infraestructura¹⁾, las obras de la autovía A-66 entre Benavente y Zamora, en un tramo de 49 kilómetros que, una vez finalizado, supondrá el cierre de la Autovía de la Plata que comunica Gijón y Sevilla. El plazo de ejecución de las obras es de 24 meses.

El valor total de la operación asciende a 998 millones de euros (IVA incluido), después de que la adjudicataria ofertara un 26,37% de baja en el canon, y se ejecutará por el procedimiento de pago por disponibilidad, dentro de la política de colaboración público-privada que la ministra Ana Pastor viene fomentando desde su incorporación al Ministerio de Fomento.

Este sistema incluye la construcción de la autovía y su posterior conservación y explotación durante un periodo de 30 años a partir de la formalización del contrato. Como contrapartida, la Administración queda obligada a realizar un pago mensual por disponibilidad y llevará a cabo mediciones de contraste en su labor de inspección y control.

Tramos del proyecto

Los 49 kilómetros del tramo adjudicado incluyen tres proyectos de construcción:

• Tramo A-6 (Castrogonzalo-Santovenia), de 14,3 kilómetros.
• Tramo Santovenia-Fontanillas de Castro, de 17,8 kilómetros.
• Tramo Fontanillas de Castro-Zamora, de 16,9 kilómetros.

Para minimizar las afecciones ambientales el trazado de la futura autovía discurrirá lo más próximo posible a la actual carretera N-630, disponiendo desde el año 2007 de Declaración de Impacto Ambiental.

Entre las características de esta obra cabe mencionar que contará con dos calzadas de dos carriles con mediana de 10 metros y tendrá 5 viaductos, 28 pasos superiores y 17 pasos inferiores, así como con 8 enlaces. Asimismo, las medidas de protección ambiental previstas representan el 11% de la inversión de la obra, lo que ha permitido la disposición de numerosos pasos de fauna y la reposición de las vías pecuarias afectadas.

El tramo de la A-66 entre Benavente y Zamora era el único de toda la ruta de la Plata (entre Gijón y Sevilla) que no tenía en la actualidad características de autovía o autopista.

¹⁾ Meridiam infraestructure es un fondo perteneciente a Credit Agricole y a la ingeniería Aecom technology.

Afortunadamente no hay vencedores ni vencidos, sino que todos expresan la satisfacción por los resultados obtenidos aunque no hubieran llegado a ser lo que se esperaba alcanzar.

El 30 de marzo asistimos, como era de esperar, a una guerra de cifras para indicar el multitudinario seguimiento de una huelga convocada para contestar a las medidas adoptadas por el ejecutivo en relación a la reforma laboral.

De acuerdo con las declaraciones del Secretario General de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, 10,4 millones de personas secundaron la huelga general convocada por CCOO y UGT, "venciendo al piquete del miedo y echándose a la calle para defender sus derechos".

Por su lado los empresarios han aportado las cifras de la actividad laboral desarrollada en la jornada del día 29 por los trabajadores "que vencieron el miedo al piquete informativo".

De acuerdo con la información dada por CEOE y CEPYME la huelga tuvo un seguimiento desigual en función de los sectores y de las Comunidades Autónomas. La mayor incidencia se produjo en el sector industrial y, territorialmente en el norte de España y en las grandes ciudades.

El dato más objetivo que se aportó durante la jornada de huelga fue el descenso en el consumo energético, que fue del 20%, mayor que el registrado en la huelga general de 2010 (14,3%), pero inferior a la del año 1994 (34,2%).

En una situación de crisis económica, con ERES en las instalaciones industriales, se programaron con antelación para ese día paradas de mantenimiento en las grandes industrias, por lo que es difícil obtener un dato objetivo sobre el seguimiento.

Las situaciones más complicadas se registraron en Cataluña con la acción de descontrolados que aprovecharon la ocasión para dar rienda suelta a su violencia contenida.

La UMC (Unió Metal lúrgica de Catalunya) efectuó una encuesta entre unas 600 empresas catalanas del metal (unas 17.000) en la que pudo comprobar que tan sólo un 15% de las empresas cerró ese día, con un seguimiento por parte del 20% de los trabajadores.

En muchos de esos cierres la acción de piquetes -violentos en muchos casos- y la problemática del transporte, fuero las dos causas principales.

Otro de los datos significativos de la encuesta efectuada por UMC es que el 9% de las empresas afirmaron que "la jornada laboral de hoy se recuperará posteriormente a cambio de trabajar en festivos o a cuenta de vacaciones", una práctica que en opinión de la patronal es totalmente desaconsejable ya que "incentiva la huelga y además distorsiona los resultados".

El primero en ocupar el cargo ha sido el presidente y consejero delegado de FCC, Baldomero Falcones Jaquotot, que estará acompañado en su mandato por dos vicepresidentes: Manuel Manrique en representación del Grupo Sacyr Vallehermoso y Julián Núñez Sánchez, que se mantiene como vicepresidente ejecutivo.

Otro de los propósitos en esta nueva etapa es racionalizar y simplificar su estructura y costes operativos, manteniendo y reforzando su representatividad e interlocución institucional como asociación sectorial con una implicación directa de sus miembros en la gestión.

La Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional fue creada en 1957. Está integrada por grupos y empresas constructoras de ámbito nacional e internacional que desarrollan su actividad en los campos de las infraestructuras, las concesiones, los servicios y el inmobiliario. Su facturación agrupada en 2011 superó los 67.000 millones de euros, representando el 6,3% del Producto Interior Bruto (PIB) de España y ocupando a más de 400.000 trabajadores.

Esta vía de "co-financiación" se llevaría a cabo en grandes proyectos de ferrocarril y carreteras, con un reparto de riesgos entre el concedente y el concesionario en tres aspectos fundamentales: revisión de los plazos máximos de concesión, el riesgo de las expropiaciones y el riesgo de tráficos.

En palabras de la ministra "estos cambios en el modelo concesional van a reactivar la colaboración público-privada, a generar más inversión en obra pública, y a ayudar a reactivar el sector de obra civil en España".

Concesionarios de autopistas

En relación a las concesiones de las autopistas de peaje, la ministra quiso tranquilizar al sector indicando que el Gobierno sigue confiando en el sistema concesional español como forma esencial de financiación extra-presupuestaria de infraestructuras, que es consciente de los problemas que atraviesa el sector y que en estos momentos el Ministerio de Fomento está trabajando en buscar soluciones.

En este sentido, Ana Pastor señaló que el Ministerio está analizando las ayudas financieras a las sociedades a través de las cuentas de compensación y los préstamos participativos u otras líneas como son la ampliación de los plazos de las concesiones o las posibles fusiones, todo ello acordado entre las partes, "y espero que no tengamos que acudir a la medida de rescate que prevén los pliegos de las concesiones, pero para eso tenemos que adoptar medidas", concluyó la ministra.

Las cifras ponen de manifiesto el evidente parón de la actividad constructora en España. Si el número de obras contratadas por el Ministerio de Fomento había descendido por encima del 50%, el número de viviendas libres terminadas ha registrado un descenso del 44,6%.

Viviendas libres

En 2011 se iniciaron 51.956 viviendas libres, un 17,6% menos que las que lo hicieron durante 2010, y se terminaron 121.043 viviendas libres lo que supone, como ya se ha indicado, un descenso del 44,6% respecto al año anterior.

Por comunidades autónomas, el inicio de viviendas libres se concentró en 5 de ellas: Andalucía (8.392), Madrid (5.252), Cataluña (5.178), Castilla y León (5.069) y País Vasco (4.804), representando el 55,23% del total.

En relación al número de viviendas finalizadas, el 50,96% del total se localizaron en Cataluña (24.562), Andalucía (17.584), Castilla y León (10.732) y Castilla-La Mancha (8.810).

Viviendas protegidas

En lo que se refiere a la vivienda protegida, durante 2011 se calificaron provisionalmente 35.001 viviendas, lo que supone un descenso del 42,2% respecto a 2010, mientras que las calificaciones definitivas se situaron en 58.308, una cifra similar a la registrada en dicho año.

El 69,4% de las calificaciones provisionales en 2011 pertenecía al Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación, porcentaje que se eleva hasta el 72,8% en el caso de las calificaciones definitivas.

El 50,09% de las calificaciones provisionales se dieron en Madrid, Andalucía y País Vasco y el 52,71% de las calificaciones definitivas se produjeron en Madrid (16.178), Andalucía (8.798) y Cataluña (5.759).

Rehabilitación de viviendas

Durante 2011 hubo 34.364 solicitudes de rehabilitación, se aprobaron provisionalmente 77.275 y 80.585 viviendas obtuvieron la aprobación definitiva, todo esto, si comparamos con 2010, supone unos descensos del 30,7%, del 11,3% y un aumento del 33% respectivamente.

Las comunidades autónomas que acumularon un mayor número de aprobaciones provisionales en 2011 fueron Cataluña (21.501), Comunidad Valenciana (9.069), Galicia (7.611) y Aragón (6.713). Concentraron un 58,1% de todas las aprobaciones provisionales.

Por su lado, Cataluña (26.620), Aragón (6.923), Madrid (6.592) y Castilla y León (6.054) fueron las comunidades autónomas que concentraron el 57,32% del total de aprobaciones definitivas de 2011.

• la formación recibida por el trabajador en materia de prevención de riesgos laborales,
• los periodos de ocupación en las distintas empresas en las que éste haya ejercido su actividad laboral,
• su categoría profesional y
• suexperiencia en el sector,

 tal y como establece el vigente Convenio General del Sector de la Construcción.

El perfil en el que mayoritariamente se enmarcan los trabajadores que ya han solicitado la referida tarjeta, se corresponde con un profesional de 36 a 45 años de edad, que lleva trabajando en el sector entre diez y quince años. 

Destaca el escaso número de mujeres que han solicitado la TPC, tan sólo un 3,4%, así como la buena aceptación que ha tenido entre los trabajadores de procedencia extranjera, con una cifra que se aproxima al 25%. 

En cuanto a la situación laboral de los trabajadores solicitantes de la TPC cabe señalar que durante los últimos años el porcentaje correspondiente a aquéllos que se encontraban en situación de desempleo ha experimentado un notable aumento, situándose en estos momentos en el 44,4%.

Principales cifras

Perfil		Solicitud TPC (%)
Edad (años)	16 a 25	4,7
	26 a 35	26,2
	36 a 45	34,3
	46 a 55	25,5
	56 a 65	9,2
Sexo	Hombre	96,6
	Mujer	3,4
Nacionalidad	Español	77,2
	Extranjero	22,8
Situación laboral	Activo	56
	Desempleo	44

El pasado 27 de marzo tuvo lugar la presentación del proyecto Madrid, Centro Mundial de Ingeniería, iniciativa pionera en el entorno de la Ingeniería mundial, con el que se pretende desarrollar una infraestructura que permita poner en común todos los problemas que afectan al sector de la ingeniería, promover la búsqueda de soluciones, y facilitar el seguimiento de su evolución. El objetivo es situar a España como un lugar de encuentro privilegiado para el fomento empresarial, la promoción de alianzas estratégicas, y la generación de políticas y conocimientos para el desarrollo técnico y económico de las empresas de ingeniería en el ámbito internacional.

El acto, celebrado en CaixaForum Madrid y presentado por el Presidente de PromoMadrid, Jesús Sáinz, contó con las intervenciones de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre; el Secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz; el Secretario General Iberoamericano, Enrique Iglesias; el co-presidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, EUROLAT, José Ignacio Salafranca; y el presidente de la Fundación Madrid, Centro Mundial de Ingeniería, Pedro Canalejo.

 El evento contó con la participación de los representantes de las asociaciones internacionales de referencia en el sector como FEPAC(Federación Panamericana de Consultores), EFCA (Federación Europea de Ingenieros Consultores) y FIDIC (Federación Internacional de Ingenieros Consultores), así como con la presencia de miembros de los ámbitos empresarial, institucional y diplomático.

Objetivos

Madrid, Centro Mundial de Ingeniería es un ambicioso proyecto integrador del conjunto de las ingenierías que busca situar al sector en un escenario de protagonismo internacional en el que gozará de la máxima visibilidad, y para cuyo desarrollo demanda la ayuda de las instituciones, gobiernos, empresas y colegios profesionales.

Entre los objetivos específicos de Madrid, Centro Mundial de Ingeniería se encuentran la creación de un Foro Internacional Permanente de investigación y seguimiento del desarrollo del ejercicio de la Ingeniería, Consultoría e Innovación tecnológica en el mundo con sede en Madrid; la promoción de una Universidad Politécnica Internacional de formación excelente; y el impulso de actividades de desarrollo e innovación para la búsqueda de soluciones eficaces para el progreso técnico y humano.

En su intervención el Secretario de Estado de Comercio Jaime García-Legaz resaltó que "este proyecto significa muchísimo para Madrid, pero también para el resto de España porque lo situará como un país moderno, competitivo, con futuro y con gran capacidad de trabajo con excelentes profesionales del mundo de la ingeniería".

Por su parte, la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se refirió a a la iniciativa impulsada por el sector de la ingeniería española como "pionera no sólo dentro sino también fuera de España". Según Aguirre, quien ha señalado la importancia de la marca España, "Madrid Centro Mundial de Ingeniería es un instrumento para apoyar la internacionalización del sector." "Tengo el convencimiento —ha concluido— de que Madrid es la sede idónea para este Centro Mundial de Ingeniería y que en un mundo globalizado las soluciones a nuestros problemas deben ser soluciones globales. Iniciativas como ésta favorecen la actividad empresarial en Madrid, una de las regiones más competitivas no sólo de Europa, sino del mundo".

Esta cifra contrasta aún más si se compara con el máximo histórico alcanzado en el 2008, en el que en pleno ´boom´ del sector Fomento contrató obras por valor de 10.625 millones de euros.

Estos descensos son consecuencia del parón en la promoción de nuevos proyectos ante las exigencias de reducción de déficit público, anunciado ya por el anterior Gobierno, a lo que hay que sumarle la influencia del proceso de relevo en el equipo del Ministerio de Fomento tras las elecciones generales de noviembre.

De los contratos adjudicados, tan sólo el 23% los ha gestionado de forma directa el Ministerio de Fomento, siendo la mayoría de ellos responsabilidad de las distintas sociedades y entes públicos dependientes de él.

Adif es el organismo público que más obras puso en marcha el pasado año, que sumaron 1.334 millones de euros, tras el que se sitúa Aena con contrataciones por un importe de 329 millones de euros, cifras que representan descensos del 60% y del 23% respectivamente con relación al año 2010.

Por otra parte, Puertos del Estado adjudicó obras por un total de 317,88 millones de euros, un 8% menos, en tanto que la contratación de Renfe sumó 23,87 millones y fue la única que creció respecto al año anterior.

Por su parte, la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seitt) sólo realizó contrataciones tres meses del año (febrero, marzo y diciembre). Estas adjudicaciones sumaron 21,73 millones de euros y arrojaron un desplome del 97% en comparación a 2010.

Fuente informativa: Europa Press y Expansión.

A lo largo de tres horas, el presidente del Gobierno y su equipo económico presentaron las líneas maestras del Plan dirigido a resolver el grave problema de impagos a los proveedores de las Entidades Locales y que en un futuro se extenderá, en sus líneas básicas, a los proveedores de Comunidades Autónomas, una vez que se cumplan los requerimientos jurídicos necesarios para su puesta en práctica.

En palabras del presidente "esta operación no tiene precedentes, pues hablamos de 35.000 millones de euros de deudas con proveedores".

Tras las intervenciones oficiales, los representantes empresariales dispusieron de un turno de comentarios y propuestas, durante el cual Javier Andrada tuvo la oportunidad de poner de manifiesto la posición del sector: que el Plan de Pago a Proveedores incluya medidas para garantizar que el cobro de facturas pendientes alcance a toda la cadena de subcontratistas y proveedores, además de a los contratistas directos de la Administración. En su intervención Andrada destacó que "el principal criterio a tener en cuenta debe ser la antigüedad de las facturas pendientes y el cumplimiento de los plazos de pago de la Ley de lucha contra la morosidad".

Postura de la Federación de Áridos

En líneas generales, los planteamientos de la Federación de Áridos trasladados por Javier Andrada al Gobierno se resumen en:

1. Esta medida abre la perspectiva de recuperar la liquidez en el seno de las empresas, actualmente transferida a las Administraciones públicas, que han estado incumpliendo generalizadamente los plazos establecidos en la Ley de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
2. En el sector de la construcción, los plazos de pago se encuentran en la actualidad en las proximidades de los 285 días, 195 días por encima de los 90 días establecidos en la citada Ley para 2012.
3. El 54% de volumen de negocio de los sectores está ilegalmente en manos de sus clientes, restando liquidez a las empresas y exponiéndolas a unos riesgos inaceptables e inasumibles.
4. En estas graves circunstancias de elevados plazos de pago, el principal criterio a tener en cuenta es la antigüedad de las facturas pendientes.
5. El pago por las Administraciones públicas al proveedor / contratista principal debe dotarse de un mecanismo que garantice que los subcontratistas y proveedores de éstos cobren dentro de los plazos marcados por la Ley 15/2010.
6. La acreditación del cumplimiento de la Ley de lucha contra la morosidad debe ser otro de los criterios para priorizar los pagos de las Administraciones públicas. Debe exigirse a las empresas con deudas pendientes que aporten certificados de sus subcontratistas y proveedores de cada una de las obras afectadas, acreditando estar al corriente de los pagos y con las deudas saldadas.
7. No resulta procedente que se pretenda conceder prioridad a las empresas que propongan una reducción en las cuantías adeudadas.
8. El mecanismo anterior se traducirá en que las grandes empresas constructoras trasladarán esta reducción a la cadena de subcontratistas y proveedores que, por su menor capacidad económica, se verán inmersos en una situación económica todavía más difícil.
9. Se considera imprescindible un sistema que permita a las empresas compensar el ingreso de los tributos correspondientes con las deudas contraídas por las Administraciones públicas.

La deuda de las Comunidades Autónomas

En primer lugar, el Plan contempla únicamente el pago de deudas con proveedores por parte de las entidades locales, dejando al margen, al menos de momento y en espera de un plan similar más adelante, a los proveedores que tengan obligaciones de pago pendientes con las Administraciones Autonómicas, un volumen de deuda comercial muy superior al de los ayuntamientos y que podría alcanzar los 18.000 millones de euros.

Los grandes acreedores los más beneficiados

Por otro lado, además de restringirse al sector local, las medidas aprobadas se limitan al pago de las deudas derivadas de contratos de obras, servicios y suministros incluidos en el ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Y entre estas últimas, sólo se satisfarán las deudas vencidas, líquidas y exigibles, cuyo pago haya sido solicitado antes del 1 de enero de 2012. Esto significa, que el plan se ha diseñado para pagar a los grandes acreedores —como las compañías de suministro eléctrico o las grandes empresas constructoras—, que son de esta forma los más beneficiados,  y no tanto a las PYMEs y autónomos.

Preguntas sin resolver y aspectos sin regular

En segundo lugar, el Plan omite la regulación de aspectos fundamentales para el correcto funcionamiento del mecanismo de pago instrumentado, como, por ejemplo, la resolución de las discrepancias relativas a la emisión de las certificaciones de las obligaciones pendientes de pago que surjan entre el proveedor y la Administración, sobre todo en el caso de las certificaciones individuales que soliciten los contratistas no incluidos en la lista remitida por la entidad local en cuestión; o las que también puedan producirse en relación con la cuantificación de la propia deuda.

Otra importante cuestión que no se concreta ni resuelve es la que se refiere a las condiciones financieras de las operaciones de endeudamiento a concertar para financiar las obligaciones de pago abonadas en el mecanismo creado por el plan: ¿qué interés conllevará la línea de garantía prevista? o ¿quién asumirá los intereses y comisiones de apertura y servicio asociados a la misma? son algunas de las preguntas cruciales que se formula Confemetal en su análisis.

Las razones anteriormente expuestas hacen que esta confederación albergue serias dudas sobre la idoneidad del plan establecido, al margen de que el sistema descrito pueda aumentar el, ya de por sí, alto déficit de las entidades locales.

Renuncia a los intereses y descuentos sobre el principal de la deuda pendiente

En su informe, Confemetal recuerda que para cobrar el contratista debe conformarse con el importe del principal de la obligación pendiente de pago debiendo renunciar a los intereses —cantidad sustancial teniendo presente que el tipo de interés de demora para las operaciones comerciales fijado para el primer semestre de 2012 es del 8%—  así como a las costas judiciales y demás gastos accesorios en los que haya incurrido para reclamar el pago de su deuda.

Asimismo, se considera que el legislador ha estado "particularmente desafortunado" al incluir como posible criterio para determinar la prioridad en el pago el descuento ofertado sobre el importe del principal de la deuda. Es más, el Real Decreto-ley señala la posibilidad de establecer un descuento mínimo a ofertar por el contratista sobre dicho importe principal de la obligación pendiente de pago.

Esto no sólo implicará que, en la práctica, se produzcan notables e injustificadas diferencias entre unas entidades locales y otras, en función de su situación financiera, sino que se trata de una disposición sumamente peligrosa al permitir a los ayuntamientos aprovecharse de la necesidad de cobro de las compañías. Lejos de sentirse apoyadas por este plan, las empresas que menos capacidad financiera tengan, y más en peligro esté su supervivencia, serán las que más descuento ofrecerán. Nada se dispone sobre la posibilidad de dar prioridad a ciertas facturas en detrimento de otras que correspondieran a trabajos no siempre bien justificados durante la etapa de "alegría municipal", ni se faculta a los contratistas para que acepten retrasar una parte del cobro de sus deudas pero asegurando que al final del Plan todos reciban el importe reconocido.

Plan de ajuste de las entidades locales ¿una carga más para el ciudadano?

Por otro lado, someter el mecanismo de pago a la elaboración y aprobación, por parte de las enditades locales, de un plan de ajuste que asegure la recogida de ingresos corrientes suficientes  para financiar sus gastos corrientes, amortizar las operaciones de endeudamiento y financiar los servicios públicos prestados, es a la vez positivo y controvertido, pues no parece oportuno aumentar la carga fiscal de los ciudadanos en el actual marco macroeconómico que aconseja, al contrario, la necesidad imperiosa de estimular el consumo privado.

La agilidad del Plan en entredicho

El intricado mecanismo de financiación, pago y cancelación de deudas por parte de las entidades locales previsto en el Plan, requiere la intervención y aprobación de una variedad de órganos en diferentes instancias, lo que a juicio de Confemetal pone en cuestión la pretendida agilidad de dicho mecanismo, que el propio Real Decreto-ley quiere hacer valer en su Exposición de Motivos.

Sea cual sea el éxito que tengan las medidas contempladas, lo deseable es que las Administraciones Públicas empiecen cuanto antes a pagar a sus proveedores dentro del plazo de 40 días previsto para 2012 por la Ley 15/2010, una cifra muy alejada del plazo medio registrado en el año 2011, que se situó en 162 días, y en el que tan sólo el 3% de ellas cumplían con los criterios establecidos en la mencionada Ley.

Puede darse el caso de que existan deudas que no se hayan incluido en esta relación —situación prevista por la ley—, en cuyo caso los acreedores pueden solicitar a la entidad local deudora la expedición de un certificado individual en el que se reconozca la existencia de la obligación pendiente de pago, para lo cual ésta dispone de un plazo de 15 días naturales desde la entrada de la solicitud en el registro de la entidad local. Transcurrido el mencionado plazo sin que se hubiera rechazado la solicitud, se entenderá reconocido el derecho de cobro por silencio positivo.

Los modelos para solicitar y emitir este certificado individual, así como el correspondiente para establecer un plan de ajuste por parte de las entidades locales, han sido aprobados por la Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo, con lo que el sistema está en estos momentos en marcha.